PUBLICADO: 23/6/08 - 15.00 hs.
La Auditoría General de la Ciudad dio a conocer, a través de un informe, que se detectaron irregularidades en el ámbito de la Dirección General de Gestión Ambiental del gobierno porteño.
A través de una investigación, en la que se tomó como base 14 espacios verdes públicos -entre ellos, el Parque Centenario, la Plaza Colón, la Plaza Irlanda y el Parque Los Andes- la Auditoría detectó "una serie de falencias originadas en trabajos mal realizados, alteraciones de los proyectos, falta de mantenimiento y otros tipos de incumplimientos".
Según se detalla en el informe, las obras auditadas tenían que ver con la recuperación de espacios públicos que mostraban un alto grado de deterioro.
Estas son las cuestiones más graves detectadas por la Auditoría General de la Ciudad, figuran:
* Se verifica el apartamiento de la normativa aplicable en la CABA en materia de ejecutar obras o realizar contrataciones de obra pública.
* No se determina el plazo que debe correr entre la firma de la Contrata y la iniciación de los trabajos, lo cual implica que no existe obligación para la Administración de dar celeridad al inicio de las obras.
* Se comprobó dispendio jurisdiccional en virtud de haberse cursado 232 invitaciones a firmas por distintos medios de comunicación (fax, llamados telefónicos), lo cual no garantiza necesariamente la transparencia y concurrencia que estos procesos deben tener.
* La contratación, en algunos casos. no contiene todos los elementos jurídicos requeridos normativamente. En este caso se verificó que la misma no contiene la fecha ni el plazo para el inicio de los trabajos.
* Se observaron diversas deficiencias de construcción, terminación y/o mantenimiento.
* Las obras se adjudicaron por una valor mayor al presupuestado.
* Se observó que los mecanismos de comunicación entre la inspección y la contratista no se ajustó a lo establecido, verificándose que se produjeron modificaciones de proyecto, atrasos de obra, etc. que no quedaron debidamente justificados y documentados.
* El tiempo transcurrido entre los llamados a Licitación Pública y la terminación de las obras, por su extensión, desvirtuó la necesidad de la aplicación de un mecanismo de excepción a la Ley de Obra Pública cuyo fundamento era darle celeridad al mejoramiento de los espacios verdes que presentaban deterioro.
La conclusión a la que llegó la Auditoría respecto de la Dirección General de Gestión Ambiental es la siguiente: "el Colegio de la Auditores resuelve recomendar el inicio de acciones administrativas para un eventual deslinde de responsabilidades. Ello, en el entendimiento que de la promoción de dichas acciones pueden surgir elementos que ameriten instar la vía judicial".